El sábado 10 de enero de 2004, fue un día especialmente trágico para Lorena Henao, esposa del confeso narcotraficante Iván Urdinola Grajales. Ese día, agentes de la Policía Técnica judicial de Panamá y agentes de la DEA allanaron la finca La Porcelana, en el distrito de Chepo, a dos horas de la capital panameña, donde Lorena se había radicado, y encontraron documentos importantes que hoy la mantienen tras las rejas.
Las autoridades decomisaron una serie de documentos que demostraron que desde Panamá la viuda de Urdinola sobornó a autoridades judiciales en Colombia, especialmente fiscales, para resolver favorablemente procesos que se adelantaban contra ella y contra su hermano Arcángel de Jesús Henao.
Pero un documento privado conocido ahora por CAMBIO enredó más la situación de Lorena Henao. Las autoridades hallaron un contrato firmado por ella como compromiso para la adquisición del 60% de las empresas Grajales Hermanos, Casa Grajales S.A., Promara Ltda., Fresco S.A, Grajacosta Ltda., Hotel Los Viñedos de Getsemaní S.A., por un valor de 10.000 millones de pesos.
Los investigadores tuvieron pruebas suficientes para establecer que los recursos para la compra de las empresas procedían de las actividades ilícitas de Iván Urdinola, muerto en la cárcel Modelo de Bogotá en febrero de 2002. También establecieron que el contrato de compraventa serviría para que la familia Grajales ayudara a Lorena a blanquear su dinero.
«Por lo menos en el papel, esas empresas siguen haciendo parte de la familia Grajales», dice un documento judicial. Con esas pruebas, las autoridades estadounidenses incluyeron, el pasado 11 de mayo, a las empresas del grupo Grajales en la Lista Clinton y aportaron pruebas a la Fiscalía para que iniciara un proceso de extinción del dominio de esos bienes.
Por ello, la semana pasada, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía comenzó el proceso de extinción de las propiedades de los Grajales. Cali, Bogotá y varios municipios del Valle fueron el foco de las ocupaciones, que incluyeron 167 bienes inmuebles rurales, semirurales y urbanos; 44 empresas, 12 vehículos, composiciones accionarias y activos fijos. El avalúo de estas propiedades supera los 250 mil millones de pesos.
Experiencias derivadas de casos como este, le dan ahora al aparato judicial del Estado mayor vigor para impulsar acciones de extinción de dominio, donde el gran problema era casi siempre la falta de pruebas. En este episodio las autoridades lograron intervenir una de las empresas más poderosas e influyentes en el sector productivo del Valle del Cauca.
